LA PLATA DE LA SALUD SIGUE DESVIANDOSE: CONTRALORA SANDRA MOLERIS

·         Urge detener el desvío de recursos

Sin lugar a duda la experiencia más frustrante desde la Contraloría General de la República, se viene sucediendo respecto del sector salud. Más frustrante porque desde el inicio del ejercicio de nuestras funciones pudimos identificar un control débil y mal orientado, y luego al reorientarlo e intensificarlo, entendimos cómo los espurios intereses de algunos operadores privados logran cooptar el estado, producir reglamentos, desorientar al legislador, nulitar la justicia penal y tratar, incluso, de influir en la jurisprudencia.

La evidencia de manejos financieros en plena contravía con el mandato constitucional y lo establecido en la ley, no logra desentrabar a la administración pública, que hasta hoy aparece como mandante vergonzante, pero muy eficiente de las EPS.

La construcción del mito que nadie quiere desmontar, como por ejemplo que la administración fiduciaria ha garantizado la transparencia y ha proscrito la corrupción, no se compadece con el manejo realmente existente. Y qué decir de asuntos tales como, por ejemplo, que la UPC es insuficiente cuando nadie en el Estado colombiano se ha ocupado de hacer un costeo de cuánto efectivamente cuesta el servicio de salud por persona.

Año tras año se incrementa su valor con base en un índice especial de inflación, tal vez porque se sabe que un índice ordinario de inflación no es suficiente para cubrir las absurdas negociaciones que se hicieron, por ejemplo, con el Tamiflu en el manejo de la gripe AH1N1, y tanto menos para presentar incrementos injustificados de $1 billón para que con base en esas cifras se establezca anualmente el incremento de la UPC.

Si se toma como base información sobredimensionada y que además hay sobreprecios por intermediaciones, integraciones verticales, fraudes, la UPC no refleja el valor real del servicio prestado a los usuarios. Sin embargo, nadie parece querer asumir esta verdad de a puño.

Si se comprueba fácticamente que de $1 billón y medio provenientes del Sistema General de Participaciones destinados a financiar el régimen subsidiado territorial, sólo llegó al usuario final una cifra de $350 mil millones, es decir, que se tradujo en servicios reales y efectivos, ¿cómo es posible que aún tengamos preocupación por la insuficiencia de recursos?

El propio ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry, dijo en su momento que “la plata estaba allí” y que el problema era de administración.

Así mismo se ha verificado en concreto, con pruebas practicadas a la contabilidad, a los estados financieros y al balance, que la UPC apenas ingresa a una EPS, se destina primordialmente a pagar deudas con el sistema financiero, adquiridas para atender obligaciones derivadas de la adquisición de activos que no siempre tienen relación directa con la salud y que a pesar de ser adquiridos con los recursos del sistema, aparecen a nombre de la propia EPS, lo que finalmente se traduce en peculado.

Y esto tiene que ver con un aspecto mucho más trascendental, que es la inexistencia de aseguradores al interior del sistema. Ello no es una apreciación subjetiva, pues cuando no se hacen las reservas durante el respectivo período fiscal y la plata se aplica directamente a atender asuntos que solo luego de finiquitado el respectivo año fiscal podrían ser atendidos con la utilidad del inversionista, no cabe la mayor duda que la práctica generalizada no es precisamente la del aseguramiento.

Pero como toda situación es susceptible de empeorar, nada más aterrador que ante la compleja problemática del sector, donde la vida de miles y miles de personas está en riesgo, y por otro lado hay recursos para atenderlas, el sistema logra una parálisis de recursos, por razones no muy comprensibles que básicamente tienen que ver con el hecho de que se venía pagando y cobrando sin verificar de qué se trataba del cobro y del pago y cobro de lo debido, pero como ahora hay una Contraloría que posiblemente haga esa verificación, de alguna manera se han frenado prácticas que finalmente pueden constituir.

Pero no todos los cobros son injustificados, por lo que la situación actual no es plenamente imputable al organismo de control. Entender qué pasa no es fácil. En realidad todo es muy irracional, pero pareciera basarse en una lógica en virtud de la cual sin EPS no habría servicios de salud.

Eso parece saberlo el Gobierno Nacional que defiende a esos operadores a capa y espada, de tal manera que conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación mantienen un falso equilibrio en espera de que la orientación del control fiscal empiece a ser condescendiente.

No me atrevería a afirmar que ello es deliberado, no tengo una sola prueba, no es el pensar del Señor Presidente de la República, pero es lo que objetivamente sucede, pues la capacidad intimidatoria es tal, que no sólo nadie se atreve a plantear soluciones de fondo sino que la búsqueda de recursos adicionales, la concesión de períodos también adicionales para sanear sus cuentas, la no adopción de medidas ante el incumplimiento de márgenes de solvencia y patrimonio técnico exigido, la demora en someterlas al control de la superintendencia financiera, la exigencia de decretos que reglamenten las leyes, que reglamenten la Constitución, que reglamenten…que reglamenten... para hacer lo que finalmente la Ley 1438 dijo hace más de dos años de cara a evitar el giro directo a las IPS, constituyen las patéticas escenas de una comedia muy mal escrita, pero con gran éxito taquillero, en la que los críticos sobran, así como los enfermos de mal gusto, de los que de vez en cuando se acuerda un periodista. ¿Será que las cuentas maestras fueron ulteriormente saqueadas?

Salvar a las EPS resulta indispensable para no volver a lo que sucedía antaño con el Instituto de los Seguros Sociales, dicen los expertos. El régimen de privatizaciones, de la autonomía privada y de la libertad de empresa exige entonces pleno respeto de las reglas de la libre competencia y la proscripción de las prácticas monopólicas no justificadas o no autorizadas por la ley.

Sin embargo, este sistema no está excepto de privilegios respecto de algunos, lo cual se traduce en desmedro para otros que dentro de la lógica de la libre competencia tendrían derecho a gozar de condiciones que garanticen la plena igualdad en el mercado. La Nueva EPS, así como la IPS Universitaria de Antioquia son dos ejemplos que no pueden dejar de mencionarse.

Y qué decir de la mal llamada integración vertical que no constituye nada distinto que la apropiación indebida por parte de los operadores de la salud de recursos destinados a atender el servicio y que, sin embargo, se aplica de manera inmediata sin esperar si al final del ejercicio se producen o no utilidades, adquirir bienes relacionados o no con la prestación del servicio, a nombre directamente del operador privado.

Sin embargo, la propia Ley a posteriori viendo legitimar esa práctica en un porcentaje del 30%, práctica admisible, lo cual no deja de ser discutible, pues nadie ha demostrado las sinergias que con ello se logra, mas sí confusión de recursos y la ocasión de desvíos y sobrecostos que a partir de esos autoservicios se configura, pero repito práctica admisible, sí y solo sí, el activo queda a nombre del sistema de salud.

Las EPS también se autoabastecen de sociedades comerciales de parientes de sus administradores, con lo cual los bienes y servicios por estas requeridas, resultan más costosos para el usuario final.
De recobros mucho se ha dicho, pero no está demás recordar que hay recobros de lo ya pagado, de lo que debería estar en el plan de beneficios del sistema de salud, por servicios prestados a sujetos inexistentes, por cirugías no realizadas, por tutelas fraudulentas, hay recobros originados en una práctica deliberada de algunas EPS que, según sus propias expresiones, crearon fábricas de tutelas para defraudar el sistema.

Llama poderosamente la atención que luego de identificadas algunas prácticas corruptas, en un solo mes donde estas disminuyeron en $500 mil millones, ello no originó decisiones drásticas del ejecutivo para eliminar tan perversa práctica.

Y qué decir del no acatamiento de los fallos del más alto tribunal del contencioso administrativo, interventores que se atreven a pensar que ante la orden perentoria del Consejo de Estado podrían tomar los recursos de la venta de los activos adquiridos con plata del sistema para pagar la EPS que vienen administrando… eso no deja de ser un mal chiste.

¿Y la prevención? No sólo el estado se desprendió de esta política, sino que no reaccionó ante el deterioro de los indicadores de salud, eludió centrar la discusión en el imperativo de protección de los derechos a la vida y a la salud y sigue con discusiones, elucubraciones y poses entorno al modelo ideal… y en ese orden de cosas, el sistema seguirá siendo perfecto, obviamente no la atención al usuario, claro está.

Por Sandra Morelli Rico 
Contralora General de la República