LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Con los nuevos gobiernos territoriales está en marcha en el país el proceso de elaboración de los planes de desarrollo. Es una dinámica que pasa por varias fases. En la primera, estos gobiernos elaboran un borrador que desde el primero de marzo tuvieron que entregar a los Consejos Territoriales de Planeación, que son unos canales de participación que han carecido de fortaleza institucional, pero hay que bregar para que cumplan la misión para la cual fueron creados.

Dada la impresionante debilidad de los municipios menores, el Departamento de Planeación Nacional, DNP, ha asumido el reto de asesorar a unos 500 a fin de que mejoren en la confección de sus planes. Dura tarea tienen los funcionarios y consultores del DNP a cargo de esta importante labor asesora.

Para los casos de las gobernaciones de Cundinamarca,Valle del Cauca, Atlántico y Bolívar y de las alcaldías de Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena, la Corporación Transparencia por Colombia, que dirige Elizabeth Ungar, puso en marcha desde principios de 2011, con la financiación de la Embajada de Alemania, y en alianza con organizaciones de la sociedad civil como Protransparencia, Funcicar y Foro Regional Valle del Cauca, un proceso dirigido a la fabricación de unas agendas por la transparencia que contienen una serie de recomendaciones en ejes como contratación, empleo público, acceso a la información y gestión documental, rendición de cuentas y promoción de la participación ciudadana, y esperan estas organizaciones que los gobernadores y alcaldes de los citados departamentos y capitales las incorporen en sus planes de desarrollo.

De hecho, en las distintas fases por las que pasarán los planes de desarrollo, hasta su adopción definitiva, estas organizaciones estarán emitiendo unos conceptos indicando si en los planes fueron incorporados instrumentos para facilitar la transparencia en aspectos como la visibilidad de la gestión, el cumplimiento de las normas y estándares, y los pesos y contrapesos.

Avanza también un proceso simultáneo liderado por Transparencia por Colombia, financiado por la Unión Europea, que busca dotar al país de una política anticorrupción a nivel territorial. Es una elaboración que tomará varios meses, y el producto será luego entregado al DNP y a la Secretaría por la Transparencia de la Presidencia de la República para que este instrumento sea adoptado y se convierta en guía de los gobiernos territoriales. Una preocupación de quienes están a cargo de diseñar esta política es la identificación de las prácticas corruptas más frecuentes en los municipios y departamentos, para a partir de allí definir una estrategia de Buen Gobierno a nivel local.

Hay también mucha expectativa en el país por los desarrollos que puedan derivarse de la aplicación del nuevo Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011). Ya se instaló la Comisión Nacional para la Moralización que creó el artículo 62 y que integran los máximos voceros del Estado encabezados por el Presidente de la República. Esta comisión, está anunciado, se reunirá mañana martes, y bajo su responsabilidad funcionará un Observatorio Anticorrupción que propuso la Procuraduría General de la Nación, que obviamente tiene también asiento en la citada comisión moralizadora.

En el pasado existieron unas comisiones de moralización en el ámbito territorial que fracasaron por falta absoluta de funcionalidad. Ojalá la actitud del Estado frente a la corrupción se endurezca. A Colombia le sigue yendo muy mal en las percepciones internacionales sobre corrupción y esa pésima imagen hay que superarla. Todas estas acciones que comentamos en el editorial de hoy deberían traducirse en un mejor clima ético nacional.

Tomado del Heraldo